Potosi - Bolivia Miercoles 24 de Mayo de 2017

Tribunal declara cuarto intermedio en la audiencia final de Gabriela Zapata

 

El Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción y Violencia contra la Mujer resolvió aplazar hasta el próximo lunes la audiencia de lectura de sentencia dentro del juicio a la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, para quien la Fiscalía pide diez años de cárcel por un presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

La suspensión se debe a la ausencia de otra de las acusadas por el mismo caso, Cristina Choque, una exfuncionaria del Ministerio de Presidencia quien fue declarada “en rebeldía”, confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público.

Choque, a quien se acusa de ser presunta cómplice de Zapata, no pudo ser trasladada al juzgado desde la cárcel en que se encuentra desde marzo de 2016 por problemas logísticos relacionados con una huelga de transportes en la ciudad.

El juicio debía haber ingresado en la fase de alegatos, lo que quiere decir que la Fiscalía y las defensas tenían previsto exponer sus últimos argumentos antes de que el juez Iván Perales dicte sentencia.

La audiencia debía instalarse por la mañana y primero se aplazó por unas horas, pero finalmente se suspendió hasta el lunes.

La Fiscalía ratificó que pedirá que Zapata sea sancionada con la máxima pena para el delito de legitimación de ganancias ilícitas, que es de diez años.

Además de ese delito, la exnovia del mandatario fue imputada por supuesta falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegitimas, y uso indebido de bienes y servicios públicos.

Zapata, quien fue novia de Morales entre 2005 y 2007, está detenida desde febrero del año pasado tras haber sido acusada por el propio Gobierno de haber usado oficinas del Ministerio de la Presidencia para hacer tratos ilegales con empresarios.

Según el Ministerio Público, durante el juicio la acusada ha sido incapaz de explicar cómo consiguió acumular un patrimonio de dos millones de dólares.

Zapata trabajó como gerente comercial para la empresa estatal china Camce, que se adjudicó varios contratos estatales para construir obras en Bolivia por 566 millones de dólares.

En principio, la oposición denunció un supuesto tráfico de influencias vinculado al presidente Morales, pero él siempre ha rechazado la acusación y el Parlamento, controlado por su partido, concluyó en una investigación que no hubo ese delito en concreto.

Además de Zapata y Choque, también está acusado el exfuncionario Jimmy Morales, otro supuesto cómplice de la expareja del presidente.

Según la versión oficialista, los altos cargos nunca se enteraron de las irregularidades en las oficinas del Ministerio de la Presidencia que usaba Zapata para sus negociaciones.

Zapata está también imputada en otro proceso por trata de personas por haber sido parte de un montaje para presentar en un juzgado a un niño como si fuera hijo suyo y del mandatario y que nació en 2007.

En declaraciones a un canal de televisión, Zapata afirmó anteriormente que ese niño nunca nació, desdiciéndose de otros dichos en sentido de que el menor si existía y también de su afirmación de que el menor sí nació, pero murió por enfermedad.

Morales, quien enjuició a Zapata el año pasado para exigirle que probara la existencia del supuesto menor, ha atribuido varias veces a esas mentiras su derrota en el referendo de febrero de 2016, cuando la población rechazó que se modifique la Constitución para permitir que vuelva a ser candidato en 2019.

Con ese argumento, Morales considera que ese resultado no es válido y ha anunciado que, de todas formas, intentará postularse nuevamente a la Presidencia para el período 2020-2025, por lo que su partido analiza opciones para legalizar esa posibilidad.

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