pandemia

Por: Waldo Vargas Reyes

Después de que el Órgano Legislativo sancionara el Proyecto de Ley 085/2020 – 2021, “Ley de Emergencia Sanitaria”. que tiene por objeto proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, levanto ronchas y malestar no sólo en la bancada de Comunidad Ciudadana (oposición) que abandono el hemiciclo como muestra de rechazo; sino que, también al Colegio Médico de Bolivia que resolvió rechazar y anunció paro indefinido si el Ejecutivo promulga la norma en las próximas horas.

Más allá de esas actitudes que pueden o no ser justas y considerando que el derecho a la salud es parte de la VIDA, deseamos realizar algunas puntualizaciones que nos permitan reflexionar.

La Ley tiene por finalidad establecer medidas para proteger la vida, la salud, la integridad y el bienestar de la población y las autoridades sanitarias del nivel nacional y subnacionales podrán adoptar medidas de tratamiento, hospitalización o control de los enfermos que vienen atravesando por la epidemia. Además, la Aduana Nacional, debe dejar pasar los medicamentos y en 24 horas sin la necesidad de tener algún trámite burocrático que perjudique en la atención sanitaria del país.

Los arts. 19 y 20 señalan que durante el tiempo de la emergencia sanitaria no podrá ser interrumpida los servicios del sistema nacional de salud y no se podrá exigir depósitos previos, garantías o cualquier tipo de cobro anticipado en los establecimientos de salud del sector privado. Esto es muy importante porque va en favor de la población debido a que los propietarios de los centros privados no podrán exigir antes y después del retiro de los cuerpos que fallecen exigirles la cancelación de la deuda como ocurrió con el médico y enfermera que fallecieron en la ciudad de Oruro.

En relación al tema de la confidencialidad que viene hacer interpretada como un posible hecho de “corrupción”, se debe comprender que, en la disposición transitoria primera, el Ministerio de Salud en el plazo de 30 días debe elaborar la reglamentación donde no solo se expresará la adquisición de productos como: vacunas, reactivos, entre otros, sino que permitirá a las gobernaciones y municipios como al sector privado poder hacerlo. Aunque claro las entidades estatales estarán vigiladas por la Contraloría General del Estado y la Procuraduría General del Estado y los contratos serán publicados en el SICOES.

El art. 35 señala que las Infracciones a las medidas sanitarias durante la declaración de la emergencia sanitaria, serán consideradas como infracciones a la salud pública y serán objeto de sanciones de carácter pecuniario, de servicio social, no pudiendo imponer detención física de una persona, incautaciones secuestro o decomiso de sus bienes. Es decir que no tienen carácter penal.

Finalmente, algo que nos parece importante, es el hecho de que el derecho a la salud, como los derechos a los servicios básicos como agua, electricidad, internet entre otros, no podrán ser cortados por ninguna circunstancia hasta que dure la emergencia sanitaria.

En consecuencia, se sobrepone el derecho a la vida y los médicos que dialogaron y negociaron con el gobierno antes de que se trate el proyecto de ley, deben reflexionar y comprender que estamos viviendo una emergencia sanitaria y que no se puede estar en paros ni en movilizaciones, porque eso sería atentar a la vida y a la salud pública. Sin embargo, una vez que pase el estado de la emergencia sanitaria, la norma establece la restitución inmediata de todos los derechos de los médicos como cualquier trabajador.

Pueblos del Sur, 7 de febrero de 2021